Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de las acciones de certamen Miss Universo, figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.
El empresario mexicano se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra.
La información fue publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, donde detalló que “el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”.
La información revelada por el periodista coincide con lo publicado por el periódico El Reforma, dondereveló que la investigación en contra de Rocha Cantú desembocó en la emisión de la causa penal número 495/2025 el 15 de noviembre del presente año. La FGR investiga al copropietario de Miss Universo por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos, según consta.
El 19 de noviembre, según Loret y Reforma, la FGR formalizó la condición de Rocha Cantú como testigo colaborador, una figura legal que implica prestar información relevante sobre operaciones criminales a cambio de beneficios procesales.
Leer más
La indagatoria sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas, y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.
El silencio de Raúl Rocha Cantú en medio de su presunta orden de aprensión y convertirse en testigo protegido de la FGR
Hasta el momento, ni Rocha Cantú ni representantes de Miss Universo han realizado declaraciones públicas. El caso marca un giro relevante en el manejo de colaboraciones con la justicia federal.
La revelación de las operaciones internas de redes de tráfico de hidrocarburos y armas, con conexiones empresariales, abre nuevas líneas de investigación en las estrategias para combatir el crimen organizado en México.
