Bajo el firme compromiso de proteger su territorio y preservar la riqueza natural de la región, diversas comunidades mayas del poniente de Yucatán han alzado la voz para exigir a las autoridades gubernamentales y ambientales una postura de cero tolerancia ante las actividades mineras en los municipios de Mérida y Umán.
La extracción de materiales pétreos y el avance de bancos de sascab en la zona han provocado una creciente preocupación entre los habitantes localizados en las comisarías afectadas. Representantes comunitarios denuncian que la actividad industrial avanza sin los estudios de impacto ambiental correspondientes ni el consentimiento de los pueblos originarios.
- Contaminación del manto freático: La península de Yucatán posee un suelo kárstico altamente permeable. La excavación profunda para la extracción de piedra amenaza con contaminar la principal reserva de agua dulce de la región.
- Deforestación y pérdida de biodiversidad: La apertura de nuevos frentes de extracción ha destruido hectáreas de selva baja, afectando la flora y fauna local y dinamitando áreas de uso tradicional.
- Vulneración de la Consulta Previa: Las autoridades han permitido el establecimiento de operaciones sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada a la que tienen derecho los pueblos indígenas según tratados internacionales.
Una exigencia de justicia ambiental
Las comisiones comunitarias han anunciado que no descartan interponer recursos legales e interponer amparos para detener el uso de explosivos y maquinaria pesada cerca de sus poblaciones. “El agua y la tierra no son negociables”, manifestaron los líderes locales, haciendo un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a los ayuntamientos involucrados para que clausuren de manera definitiva los predios que operen al margen de la ley.
