Autoridades identificaron trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, informó la noche del martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.
De estos casinos, dos, Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca” son propiedad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acusó una “acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
“En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas de juego. Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. Aquí estamos y aquí seguiremos”, posteó Grupo Salinas.
Grupo Salinas reiteró que el gobierno federal tiene una campaña en contra de Salinas Pliego y sus empresas, y que además, usan a las instituciones públicas para intimidar, presionar y querer someter a quienes piensan distinto.
“Esta acción arbitraria de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”, señaló Grupo Salinas.
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En un comunicado, la SHCP explicó que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo “se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Añadió que por su “alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas” para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
En la nota apuntó que algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, “lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.
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La investigación también identificó que las plataformas digitales “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido” como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, “quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.
Hacienda de México explicó que derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.
Y ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.
