El Secretario de Hacienda presentó este lunes ante el Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026, en el cual se contempla un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos, medida que busca recaudar alrededor de 183 millones de pesos adicionales.
De acuerdo con la exposición de motivos, el impuesto se aplicaría a títulos considerados con “contenido violento”, con la finalidad de desincentivar su consumo entre adolescentes y jóvenes. El documento sostiene que diversos estudios nacionales e internacionales han encontrado relación entre la exposición prolongada a este tipo de juegos y un aumento en los niveles de agresividad, aislamiento social y ansiedad.
El gobierno federal argumenta que esta política pública responde a la creciente preocupación de padres de familia, educadores y especialistas en salud mental, quienes han advertido sobre el impacto psicológico de la violencia digital.
Sin embargo, la iniciativa ya genera controversia. Asociaciones de la industria tecnológica y de entretenimiento aseguran que un impuesto de este tipo afectaría gravemente al sector de los videojuegos en México, uno de los mercados más grandes de América Latina, con ventas anuales superiores a los 35 mil millones de pesos.
“Se trata de una medida que podría frenar la innovación, encarecer productos y afectar directamente a los consumidores, sin garantizar un beneficio real en materia de seguridad o salud pública”, señaló en un comunicado la Asociación Mexicana de Desarrolladores de Videojuegos.
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El debate cobra especial relevancia ante la inminente llegada al mercado de Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los lanzamientos más esperados del 2025, el cual podría verse directamente impactado con el incremento de precios si la propuesta entra en vigor.
La iniciativa será discutida en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde legisladores de distintas bancadas ya han adelantado posturas encontradas. Mientras algunos respaldan el argumento de protección social, otros advierten que se trata de un intento de recaudar recursos a costa de una industria cultural y creativa en crecimiento.
De aprobarse, el nuevo impuesto entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
