El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tres decretos de expropiación para destinar terrenos ejidales a la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, se trata de 19 predios distribuidos en los estados de Yucatán y Campeche, de los cuales tres pertenecen al territorio yucateco.
De acuerdo con la información oficial, la superficie total afectada asciende a 19.0133 hectáreas, las cuales se declararon de utilidad pública para la ejecución de obras ferroviarias, infraestructura complementaria y servicios del Tren Maya. La indemnización total para los propietarios y ejidatarios alcanzará los 16 millones 859 mil 179.79 pesos, que serán cubiertos con recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo responsable del proyecto.
Predios expropiados en Yucatán
En el estado de Yucatán se ubican tres de los terrenos incluidos en los decretos presidenciales. El más extenso corresponde al ejido San Antonio Poxilá, en el municipio de Umán, donde se expropiaron 18.7242 hectáreas. De esta superficie, 18.6780 hectáreas corresponden a uso parcelado y 0.0462 hectáreas a uso común. Por este terreno, el gobierno federal destinará una compensación de 16 millones 529 mil 51.75 pesos. Este ejido forma parte del Tramo 4 del Tren Maya, que conecta Izamal con Cancún, y cuya ruta atraviesa zonas industriales y logísticas cercanas a la capital yucateca.
Otro de los predios se encuentra en el ejido Dzununcán, municipio de Mérida, donde se expropiaron 0.2534 hectáreas de tierras de uso parcelado y temporal. La indemnización establecida para los ejidatarios asciende a 294 mil 107.30 pesos. Este punto se integra al Tramo 3, que conecta Calkiní con Izamal y atraviesa el sur de la capital yucateca.
El tercer caso corresponde al ejido Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el municipio de Champotón, Campeche, donde se expropiaron 0.0357 hectáreas de agostadero de uso parcelado. El monto a indemnizar será de 36 mil 20.74 pesos.
Leer más
Fundamento legal y proceso
Los decretos de expropiación se sustentan en la declaratoria de utilidad pública, figura legal que permite al Estado disponer de bienes privados o ejidales cuando su uso sea considerado de beneficio colectivo. En este caso, el objetivo es “facilitar la construcción, operación y mantenimiento del Tren Maya, un proyecto prioritario del Gobierno de México que busca detonar el desarrollo económico y turístico del sureste del país”, según el texto publicado en el DOF.
Cada decreto establece que los ejidatarios o propietarios afectados cuentan con un plazo de 10 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga. Durante ese tiempo, pueden presentar objeciones o solicitar aclaraciones sobre los montos de indemnización, aunque la expropiación entra en vigor a partir de su publicación.
Un proceso continuo
Estas nuevas expropiaciones se suman a las realizadas en los últimos meses en distintos puntos de la ruta ferroviaria. Desde el inicio del proyecto, el gobierno federal ha emitido más de 150 decretos de expropiación para asegurar el trazo del tren en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En muchos de los casos, los procedimientos se realizaron en terrenos ejidales, con acuerdos de compra o indemnización entre Fonatur y las asambleas locales.
Leer más
En Yucatán, el avance de las obras ha implicado la adecuación de vías, construcción de estaciones y obras complementarias en municipios como Umán, Teya, Izamal, Maxcanú y Valladolid, entre otros. La zona de San Antonio Poxilá, particularmente, ha sido identificada como estratégica para el desarrollo del Centro de Mantenimiento y Operación del Tren Maya, así como para la conexión con el Parque Industrial y Logístico de Umán.
Reacciones y contexto
Aunque las autoridades federales han asegurado que los procesos se realizan con pleno respeto a los derechos agrarios y de propiedad, diversas organizaciones han señalado la necesidad de mayor transparencia en la determinación de los montos de indemnización y en la participación de las comunidades afectadas.
El Tren Maya, que recorrerá más de 1,500 kilómetros y conectará los principales destinos turísticos y culturales del sureste mexicano, continúa siendo un proyecto de alto impacto social, económico y ambiental. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que asumió su administración y operación, ha reiterado que las obras avanzan conforme al calendario previsto y que se espera su consolidación total durante 2026.
Mientras tanto, los nuevos decretos de expropiación publicados en el DOF reflejan que el gobierno federal sigue ajustando y asegurando los últimos tramos de terreno necesarios para culminar una de las obras más ambiciosas del sexenio.
