El exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida fue detenido el pasado lunes en Arizona, según recoge un expediente judicial difundido este viernes. Mérida, de 66 años, es uno de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por la Justicia estadounidense, entre los que se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya, por tener, presuntamente, vínculos con el crimen organizado. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades federales, donde enfrenta acusaciones como conspiración por narcotráfico o posesión de armas. Mérida fue presentado ante un tribunal federal el mismo día de su detención, desde donde fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar los cargos.
Los señalamientos de la Justicia estadounidense a finales de abril iniciaron un auténtico terremoto político, que ha estado marcado por el constante rechazo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que defiende la ausencia de pruebas contundentes en las acusaciones. La propia presidenta sostuvo días más tarde que ”si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. Es parte de un discurso continuado por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó del inicio de investigaciones para clarificar si existen pruebas para exigir la extradición de los políticos. La FGR también ha criticado la difusión de los datos y los señalamientos contra los acusados.
Un juez federal frenó temporalmente la detención y extradición a Estados Unidos de Mérida la semana pasada, días después de que presentara un amparo, el 1 de mayo. El expediente recoge: “Se suspende de plano y oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición”. El registro de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) recoge que Mérida se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Los señalamientos contra los políticos, todos ellos morenistas, suponen, además, el mayor golpe contra la narcopolítica en México, al ir dirigidos contra funcionarios todavía en el cargo. Además de Mérida y Rocha Moya también aparecieron nombres como el del senador Enrique Inzunza. La mayoría de ellos ha rechazado contundentemente las acusaciones. El gobernador sinaloense pidió licencia para poder ser investigado, pero otros funcionarios como Inzunza se han mantenido en el cargo por el momento.
Los cargos contra Rocha y el resto de funcionarios fueron dados a conocer en un comunicado del Departamento de Justicia a finales de abril. En él, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, daban a conocer señalamientos por importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. Delitos que en Estados Unidos prevén penas de entre 40 años de prisión y la cadena perpetua.
